150 años de las Leyes de Reforma
El próximo 12 de julio se cumplirán 150 años de haberse promulgado la primera de las Leyes de Reforma, mediante la cual se nacionalizaban los bienes del clero y se suprimían las órdenes eclesiásticas. Serían emitidas después, en 1859, la ley sobre la institución del registro civil, la ley sobre el matrimonio, aquella referente a la secularización de cementerios y –hasta diciembre de 1860– la ley de libertad de cultos.
Los referentes históricos obligatorios a este movimiento reformista son la promulgación de las leyes de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación (noviembre de 1855), y la de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas (junio de 1856), mejor conocida como Ley Lerdo. La primera ocasionó que los tribunales militares y religiosos cesaran de conocer delitos civiles, mientras que la segunda “abrió al mercado” las propiedades de corporaciones civiles y religiosas que, en palabras de Lerdo de Tejada (entonces ministro de hacienda), representaban “un obstáculo para la prosperidad y engrandecimiento de la Nación”, pues ocasionaban “la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública”. Sin lugar a duda, la antesala a las hostilidades que se presentarían en defensa de cotos de poder.
Hasta entonces la Iglesia Católica había jugado un papel fundamental en la vida social de la Nueva España y del México independiente. La educación, el cobro de algunos impuestos (diezmo), la intervención directa en la vida pública de la nación (muchos de los diputados fueron sacerdotes en función), eran algunos de los asuntos sobre los que la iglesia tenía que ver y en los que propiciaba las circunstancias que mejor le convinieran. A lo anterior hay que agregar que era la principal propietaria de tierras del país, ejercía funciones bancarias y poseía buena parte de la riqueza nacional.
Instaurado el congreso que establecía el Plan de Ayutla en 1856, se iniciaron las discusiones sobre el rumbo que habría de tomar el país con la promulgación de una nueva constitución, tras la experiencia de la dictadura santannista y la reciente pérdida de la meseta de la Mesilla. La Ley Lerdo y la ley de desamortización fueron ratificadas por los diputados, así como fueron integrados al texto constitucional los derechos del hombre –la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, entre ellos–, la creación de un Poder Legislativo unicameral, entre otros aspectos.
Las doctrinas iusnaturalistas tuvieron enorme presencia en el quehacer parlamentario.
El debate entre liberales, moderados y conservadores en el constituyente se polarizó en torno a si debería haber una religión de Estado o si se declararía la libertad de cultos. El encono de las discusiones provocó que el artículo que contendría esta disposición fuera devuelta a su comisión de estudio, de donde nunca salió para ser votada; lo que abría la posibilidad a la existencia legal de otras religiones.
La proclamación de la Constitución el 5 de febrero de 1857, condenada por el Papa Pío IX, quien amenazó con excomulgar a todo aquél que la jurara, aunada al posterior desconocimiento de la misma por el presidente Ignacio Comonfort –“el Hamlet Poblano”, ironiza Enrique Krauze–, desataron una serie de movimientos armados al grito de “religión y fueros”, que en poco tiempo conformaron la Guerra de los Tres años o Guerra de Reforma. En este conflicto, la corriente conservadora la encabezaría, en primera instancia, Félix Zuloaga y luego Miguel Miramón; en tanto que el flanco liberal sería liderado por Benito Juárez. Éste trasladaría la sede de su gobierno a Veracruz.
Sin duda, el padecimiento común de los bandos fue la escasez de recursos financieros; situación que llevó a Miguel Miramón a firmar los “bonos Jecker” –préstamo por el cual recibiría 750 mil pesos de un banquero suizo, comprometiéndose a pagar 15 millones de pesos– y el tratado Mon-Almont –que reanudaba el pago de algunas deudas contraídas por Santa Anna en el año de1853 con el gobierno español–; y obligó a Juárez, con todo y los recursos que representaba la aduana de Veracruz, a ratificar la firma del tratado McLane-Ocampo –no concretado por la desaprobación del Senado estadounidense – y, en parte, a apresurar la promulgación de las Leyes de Reforma, que no dejaban de mermar la influencia de la Iglesia sobre la sociedad con la nacionalización de su bienes, la desaparición de sus órdenes y la pérdida de la exclusividad de realización de actos civiles, como el matrimonio –además de contar con el respaldo de varios de los empresarios con intereses sobre las propiedades del clero .
El fracaso de las tropas conservadoras al intentar sitiar Veracruz en marzo de 1860 significó prácticamente la victoria de los constitucionalistas, que meses después, y apenas iniciado el año de 1861, entraron triunfantes a la Ciudad de México. La guerra civil había terminado, la Constitución de 1857 volvía a regir y la separación entre la Iglesia y el Estado quedaba concretada.
A 150 años, con la atención oficial puesta sobre el 2010, el aniversario parece pasar por inadvertido.
El próximo 12 de julio se cumplirán 150 años de haberse promulgado la primera de las Leyes de Reforma, mediante la cual se nacionalizaban los bienes del clero y se suprimían las órdenes eclesiásticas. Serían emitidas después, en 1859, la ley sobre la institución del registro civil, la ley sobre el matrimonio, aquella referente a la secularización de cementerios y –hasta diciembre de 1860– la ley de libertad de cultos.
Los referentes históricos obligatorios a este movimiento reformista son la promulgación de las leyes de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación (noviembre de 1855), y la de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas (junio de 1856), mejor conocida como Ley Lerdo. La primera ocasionó que los tribunales militares y religiosos cesaran de conocer delitos civiles, mientras que la segunda “abrió al mercado” las propiedades de corporaciones civiles y religiosas que, en palabras de Lerdo de Tejada (entonces ministro de hacienda), representaban “un obstáculo para la prosperidad y engrandecimiento de la Nación”, pues ocasionaban “la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública”. Sin lugar a duda, la antesala a las hostilidades que se presentarían en defensa de cotos de poder.
Hasta entonces la Iglesia Católica había jugado un papel fundamental en la vida social de la Nueva España y del México independiente. La educación, el cobro de algunos impuestos (diezmo), la intervención directa en la vida pública de la nación (muchos de los diputados fueron sacerdotes en función), eran algunos de los asuntos sobre los que la iglesia tenía que ver y en los que propiciaba las circunstancias que mejor le convinieran. A lo anterior hay que agregar que era la principal propietaria de tierras del país, ejercía funciones bancarias y poseía buena parte de la riqueza nacional.
Instaurado el congreso que establecía el Plan de Ayutla en 1856, se iniciaron las discusiones sobre el rumbo que habría de tomar el país con la promulgación de una nueva constitución, tras la experiencia de la dictadura santannista y la reciente pérdida de la meseta de la Mesilla. La Ley Lerdo y la ley de desamortización fueron ratificadas por los diputados, así como fueron integrados al texto constitucional los derechos del hombre –la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, entre ellos–, la creación de un Poder Legislativo unicameral, entre otros aspectos.
Las doctrinas iusnaturalistas tuvieron enorme presencia en el quehacer parlamentario.
El debate entre liberales, moderados y conservadores en el constituyente se polarizó en torno a si debería haber una religión de Estado o si se declararía la libertad de cultos. El encono de las discusiones provocó que el artículo que contendría esta disposición fuera devuelta a su comisión de estudio, de donde nunca salió para ser votada; lo que abría la posibilidad a la existencia legal de otras religiones.
La proclamación de la Constitución el 5 de febrero de 1857, condenada por el Papa Pío IX, quien amenazó con excomulgar a todo aquél que la jurara, aunada al posterior desconocimiento de la misma por el presidente Ignacio Comonfort –“el Hamlet Poblano”, ironiza Enrique Krauze–, desataron una serie de movimientos armados al grito de “religión y fueros”, que en poco tiempo conformaron la Guerra de los Tres años o Guerra de Reforma. En este conflicto, la corriente conservadora la encabezaría, en primera instancia, Félix Zuloaga y luego Miguel Miramón; en tanto que el flanco liberal sería liderado por Benito Juárez. Éste trasladaría la sede de su gobierno a Veracruz.
Sin duda, el padecimiento común de los bandos fue la escasez de recursos financieros; situación que llevó a Miguel Miramón a firmar los “bonos Jecker” –préstamo por el cual recibiría 750 mil pesos de un banquero suizo, comprometiéndose a pagar 15 millones de pesos– y el tratado Mon-Almont –que reanudaba el pago de algunas deudas contraídas por Santa Anna en el año de1853 con el gobierno español–; y obligó a Juárez, con todo y los recursos que representaba la aduana de Veracruz, a ratificar la firma del tratado McLane-Ocampo –no concretado por la desaprobación del Senado estadounidense – y, en parte, a apresurar la promulgación de las Leyes de Reforma, que no dejaban de mermar la influencia de la Iglesia sobre la sociedad con la nacionalización de su bienes, la desaparición de sus órdenes y la pérdida de la exclusividad de realización de actos civiles, como el matrimonio –además de contar con el respaldo de varios de los empresarios con intereses sobre las propiedades del clero .
El fracaso de las tropas conservadoras al intentar sitiar Veracruz en marzo de 1860 significó prácticamente la victoria de los constitucionalistas, que meses después, y apenas iniciado el año de 1861, entraron triunfantes a la Ciudad de México. La guerra civil había terminado, la Constitución de 1857 volvía a regir y la separación entre la Iglesia y el Estado quedaba concretada.
A 150 años, con la atención oficial puesta sobre el 2010, el aniversario parece pasar por inadvertido.
Gibrán Domínguez
Bibliografía sugerida:
ºArgudín, María Luna, El Congreso y la política mexicana (1857-1911), México, El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica / Fideicomiso Historia de las Américas, 2006.
ºDíaz, Lilia, “El liberalismo militante” en Historia general de México (versión 2000), México, El Colegio de México, 2008.
ºKrauze, Enrique, Siglo de caudillos, México, Tusquets Editores, 2002.
ºZoraida Vázquez, Josefina, “De la independencia a la consolidación republicana” en Escalante Gonzalbo, Pablo, et al, Nueva historia mínima de México, México, El Colegio de México, 2004.
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Se publicó en Vida Universitaria del 1 de julio.
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